04/03/2008 M. V. V.

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• 11/06/2008 ForumLibertas.com Un juez de Huesca da la razón a los padres que objetaron Educación para la Ciudadanía El auto judicial dictamina que “la inasistencia de los alumnos a las clases de la asignatura no provocan ningún daño a terceros” El juez de Huesca Antonio Martín González ha dado la razón a unos padres objetores de Educación para la Ciudadanía (EpC) al disponer como medida cautelar “dejar en suspenso la obligatoriedad de cursar la asignatura” a los hijos Esteban Luzón y Francisca Querol, que habían presentado una demanda por vulneración de derechos fundamentales. El magistrado, sustituto del Juzgado Contencioso-Administrativo único de Huesca, argumenta que “la inasistencia de los alumnos a las clases presenciales de la asignatura ‘Educación para la Ciudadanía’ no provoca ningún daño a terceros”. Además, el juez Martín justifica su decisión en base a que los contenidos de EpC pueden afectar “al modo en que los progenitores tienen derecho a educar a sus hijos, según señala el art. 27.3 de la Constitución española”. “En contra de las convicciones” El auto del magistrado avala así el recurso presentado por los padres “frente a la resolución del Viceconsejero de Educación de fecha 03/04/08 que acordaba no haber lugar a la objeción de conciencia planteada frente a la asignatura EpC obligando a sus hijos a cursarla, en contra de las convicciones de sus progenitores”. Ahora, los niños “pueden mantener esas horas lectivas en otras materias curriculares como o incluso pueden dedicarlas al estudio en las instalaciones del propio centro escolar (Aulas y Biblioteca)”, dice la resolución del juez. El juez insiste en que “no se altera significativamente el buen funcionamiento del centro escolar, pues situaciones similares se han venido atendiendo con normalidad durante los últimos años”. Antonio Martín alude también en su auto a la “habitual y frecuente preparación de un menú escolar diferente para los alumnos musulmanes, algo que no ocurre respecto a los alumnos necesitados de una dieta especial como celiacos, hipertensos, con trastornos alimenticios, alérgicos, etc, lo que evidencia que las administraciones educativas parecen primar los motivos religiosos sobre las causas de salud”. El magistrado añade que “dado que la sensibilidad hacia cuestiones religiosas parece tratarse con especial atención cuando la religión no es la católica, deben atenderse con el mismo celo las mismas cuestiones cuando éstas las plantea el pensamiento católico”. Valores compartidos Por todo ello, el juez afirma que la no concesión de las medidas cautelares pedidas por los padres, “provocaría que los hijos menores recibieran una enseñanza o adoctrinamiento en unos valores que no son los compartidos por sus progenitores, que es lo que éstos tratan precisamente de evitar”. De no haberse producido este auto, con la enseñanza de EpC para estos niños, “los daños así causados no tienen posible reparación, ni moral ni económica”, concluye el auto. 26/05/2008 Mons. J. Ignacio Munilla Objeciones a Educación para la Ciudadanía: Todo por los hijos (Forum libertas) EpC es una imposición ilegítima por parte del Estado para formar la conciencia de los alumnos sin el consentimiento de los padres Los obispos de Castilla y León hemos hecho pública, la semana pasada, una Nota sobre la asignatura Educación para la Ciudadanía, con motivo de que el próximo curso comenzará a impartirse entre nosotros: La EpC es una imposición ilegítima, por parte del Estado, de una determinada formación de la conciencia de los alumnos, sin el consentimiento de sus padres.   A pesar de que algunos pretendan transmitir la imagen de que la Iglesia en España no asume la legitimidad del Estado aconfesional, la verdad es que las circunstancias actuales nos han llevado a convertirnos en portavoces y defensores de muchos derechos constitucionales de los ciudadanos, que son negados por la vía de los hechos consumados, por la estrategia de una ideología laicista totalitaria.   Por mucho que moleste, nos sentimos en el deber moral de seguir recordando el artículo 27.3 de la Constitución Española: “Los poderes políticos garantizan el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones morales”.   Afortunadamente, cada vez son más los que entienden que la Iglesia no está defendiendo ningún interés particular, y ya existen muchas iniciativas ciudadanas de resistencia activa ante esta intromisión injusta. Las mismas sentencias del Tribunal Superior de Andalucía contrarias a la asignatura –y se han dado más pronunciamientos judiciales en la misma dirección- son la mejor prueba de que la Iglesia no estaba hablando de “fantasmas”.   Derecho a la objeción de conciencia   En la citada Nota episcopal declarábamos que “los padres tienen derecho a poner objeción de conciencia a la enseñanza de la asignatura EpC, así como a la denuncia personal de esta Ley”. Es sabido que los centros de enseñanza privados no tienen opción a la objeción de conciencia, sino que el titular de este derecho es el ciudadano (los padres, en este caso).   En el momento en que escribo estas líneas, unos treinta mil padres españoles han tomado esta opción. Su objeción no va dirigida al centro de enseñanza, ni al profesor, ni al libro… sino al atropello de un Estado que pretende erigirse en educador moral de los hijos.   Estoy seguro de que Dios bendecirá a estos padres que han decidido declararse en “santa rebeldía” por el bien de sus hijos. No quieren engañarse una vez más, optando por el “mal menor”, porque han entendido ya que cuando el mal menor pasa a ser la opción ordinaria, termina por convertirse en una inexorable cuesta abajo hacia el “mal mayor”.   Su resistencia activa está escribiendo una de las páginas más bellas de la historia de la lucha por el bien los hijos, así como de la defensa del principio de subsidiariedad frente a la tiranía de los estados. Y cuando llegue el día de la victoria -¡que llegará!-, quienes nos hayamos quedado en segunda fila, tal vez hayamos de sentir admiración y agradecimiento; y quizás un poco de rubor y vergüenza…   Castilla y León: tropiezan en la misma piedra   Mención aparte merece la postura de la Consejería de Educación de Castilla y León, que se está negando a tramitar las objeciones presentadas por los padres, aduciendo que en el desarrollo del currículo, ya han quitado los contenidos que presumiblemente pudieran resultar contrarios a la conciencia de los padres.   ¡Vuelven a tropezar en la misma piedra que el Gobierno central! ¿Quiénes son ellos para discernir los contenidos morales que los padres han de estimar como aceptables o rechazables?   El Gobierno de Castilla y León critica la EpC de Zapatero; pero, como contrapartida, impone una EpC autonómica. Su postura no sólo es irrespetuosa con el derecho a la objeción de conciencia de los padres, sino que cae en el mismo desacierto que afirma rechazar.   Por lo demás, ¿acaso pueden garantizar que les vaya a ser aceptado ese recorte curricular de la EpC, cuando ya ha sido recurrido judicialmente por el Gobierno central? ¿Y si el próximo gobierno autonómico cambiase de signo político?   Religión: más palitos en las ruedas   Mientras tanto, en lo que a la clase de religión se refiere, estamos padeciendo las consecuencias de la presión ejercida por algunos grupos radicales, que han conseguido que la Consejería de Educación autonómica permita que la asignatura de religión sea eliminada del impreso de matriculación.   En efecto, en un número grande de centros escolares públicos de Castilla y León, los padres están teniendo que rellenar un impreso “aparte” para que sus hijos cursen la religión, ya que la asignatura de religión ha “desaparecido” de la matrícula escolar.   Mientras tanto, los profesores de religión y sus alumnos están demostrando una altura moral muy grande, además de una paciencia encomiable, al continuar su recorrido en fidelidad, a pesar de que en no pocos centros, la alternativa “real” a la clase de religión no es la prescrita por la ley (“Atención educativa” e “Historia de las religiones”), sino simplemente,  “chatear por el messenger” o “jugar en el patio”.   Es cierto que la política de los “palitos en las ruedas” desgasta la resistencia de algunos niños y familias… Pero también es cierto que fortalece la convicción y la determinación de otros muchos seguidores de Jesucristo.

  
  

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS AFIRMA DESCONOCER EL CONTENIDO DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA PERO NIEGA A LOS PADRES  EL DERECHO A OBJETAR A LA ASIGNATURA

 MADRID, 13 de febrero de 2008. Ayer se hizo pública la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que deniega el derecho a objetar a Educación para la Ciudadanía de siete padres asturianos. A la vista de la sentencia, Profesionales por la Ética realiza la siguiente valoración:

1. La sentencia no resuelve las cuestiones planteadas por los padres (incompatibilidad del curriculum de Educación para la Ciudadanía de los decretos estatales y autonómicos con su libertad de conciencia) por lo que dicha decisión judicial vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del Artículo 24.1 de la Constitución al estar viciado de incongruencia.

2. Las sentencias judiciales son un primer criterio jurídico pero no constituyen en absoluto el criterio definitivo sobre el derecho a la objeción. De hecho, cabe el recurso de casación ante el Tribunal Supremo y, posteriormente, recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

3. Hay que recordar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha confirmado la legitimidad de la exención de cursar materias obligatorias por motivos éticos y religiosos, contrariando el criterio de tribunales nacionales.

4. Aunque la sentencia es desfavorable para los padres objetores, su argumentación es jurídicamente inconsistente y débil, concretamente en estos puntos:

• En el fundamento jurídico quinto de la sentencia, el TSJA afirma desconocer el contenido de las asignaturas a cuya enseñanza se oponen los padres porque, a su juicio, el mero enunciado de una determinada asignatura no afecta a derecho fundamental alguno.

Sin embargo, como cualquier jurista conoce, la obligatoriedad jurídica se formula lingüísticamente a través de enunciados que, en el caso de las leyes imperativas (en este caso de los decretos de Educación para la Ciudadanía) tienen carácter obligatorio.  Los enunciados jurídicos imperativos si pueden vulnerar los derechos fundamentales; a título de ejemplo, una norma jurídica que autorizase la violencia contra la mujer vulneraría de manera flagarante el derecho fundamental de la mujer a su integridad física y moral. 

• El TSJA afirma que la supuesta vulneración de derechos fundamentales solo puede afectar al acto concreto de las enseñanzas de las asignaturas que afecten a la libertad ideológica o religiosa.

Según este argumento, para oponerse a la norma (en este caso la imposición obligatoria de Educación para la Ciudadanía) hay que esperar que la norma se aplique. Es decir, el padre podrá defenderse legalmente de los efectos de la asignatura cuando el daño moral ya esté hecho y sea irreversible.
Para José Luis Bazán, coordinador jurídico de Profesionales por la Ética, la debilidad argumental de la sentencia la hace fácilmente recurrible ante el Tribunal Supremo.

Por su parte, Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, ha manifestado que la sentencia no altera lo más mínimo la intensidad del movimiento objetor frente a Educación para la Ciudadanía. "Llama la atención", ha afirmado, "que medios de comunicación gubernamentales y progubernamentales que hasta ahora han ignorado la misma existencia de objeciones a la polémica asignatura, hoy le concedan titulares e incluso portadas a la resolución judicial del TSJA".

Para Profesionales por la Ética, el crecimiento de las objeciones a Educación para la Ciudadanía es imparable. Solamente en el último mes se han presentado las siguientes objeciones: 300 en el colegio Orvalle (Las Rozas, Madrid), 30 en Lleida (las primeras en esta provincia), 461 en el colegio Ángel de La Guarda de Alicante (perteneciente a FERE, 200 en Jesús María-CEU (Alicante), 20 en Soria (las primeras de esta provincia), 20 en Barbastro (Huesca) y 104 en León.

Nota de Prensa Foro español de la Familia

La sentencia da la razón a los padres recurrentes sobre el derecho de objeción de conciencia

Madrid, 13 de febrero de 2008.- La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) del 11 de febrero sobre Educación para la Ciudadanía y objeción de conciencia hace los siguientes pronunciamientos:

a)       El Tribunal afirma expresamente, rechazando lo que habían planteado al respecto la Comunidad Autónoma y el Fiscal, y el Abogado del Estado, que el procedimiento seguido por los padres objetores (el de protección de los derechos fundamentales)  es el adecuado para este tipo de cuestiones. Es decir, en esta cuestión la sentencia asturiana da la razón a los padres recurrentes.

b)      El Tribunal en su sentencia afirma que existe y se puede ejercitar el derecho de objeción de conciencia para defender, por razones ideológicas o religiosas, la libertad de los padres a educar frente a asignaturas de contenido obligatorio y cita en su apoyo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ya ha afirmado lo mismo en diversas sentencias.  Rechaza así el Tribunal la pretensión de el Letrado de la Comunidad Autónoma y el Abogado del Estado de que no existe un derecho constitucionalmente protegido a la objeción de conciencia. Por lo tanto, también en esta cuestión, el Tribunal da la razón a los padres recurrentes.

c)       El Tribunal afirma que la previsión en la LOE de la existencia de una asignatura de Educación para la Ciudadanía no es inconstitucional y por esto rechaza el recurso de los padres. Esta es la parte más sorprendente de la sentencia puesto que en el recurso interpuesto no se planteaba para nada esta cuestión. El recurso de los padres ponía en cuestión, no la LOE, sino los decretos estatal y autonómico que fijan los contenidos de la asignatura pues son estos, y no la ley, quienes se entrometen en el ámbito de libertad de las familias.  En esta cuestión por tanto, la sentencia ni quita ni da la razón a los padres objetores puesto que ellos no habían puesto en duda, ni planteado la constitucionalidad de la LOE.

d)      El TSJA no se pronuncia para nada ni en los fundamentos de la sentencia, ni en el fallo sobre la cuestión jurídica planteada por los padres objetores en su recurso: la violación por los decretos reguladores de los contenidos de la asignatura del derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales en ejercicio de los derechos constitucionalmente garantizados a la libertad ideológica, religiosa y de educación. En esta cuestión, que es la esencial del recurso, el Tribunal ni quita ni da la razón a los padres, pues sorprendentemente omite toda referencia y consideración sobre ella.

 En resumen, la sentencia del TSJA da la razón a los padres objetores en las dos cuestiones planteadas por los recurrentes sobre las que se pronuncia (la procedencia del recurso interpuesto y la existencia del derecho de objeción de conciencia); se pronuncia sobre una cuestión no planteada por nadie (la constitucionalidad o no de la LOE); y omite  todo pronunciamiento sobre si los decretos que fijan los contenidos de EpC se entrometen o no ilegítimamente en el ámbito de libertad de las familias constitucionalmente garantizado.